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El ayuntamiento de Mula ha puesto en marcha las bases reguladoras de la creación y funcionamiento del Banco de Tierras de Mula (BTM), una iniciativa con la que se intenta frenar la pérdida de superficie agraria útil, a través de la puesta en valor de terrenos de cultivo perdidos o insuficientemente aprovechados, al mismo tiempo que intenta dar solución a la creciente y cada vez más importante problemática agroambiental derivada del abandono de los campos y contribuyendo al mantenimiento del paisaje agrario del término municipal y a la preservación de la tradición y prácticas agrícolas locales.

La gestión del nuevo Banco de Tierras se desarrollará a través de la Oficina de Desarrollo Local donde se tramitarán las solicitudes presentadas. Los interesados en ofertar y demandar tierras para el cultivo en el municipio pueden hacerlo de forma telemática, a través de la web municipal, www.mula.es, o descargando los formularios disponibles en el mismo enlace y presentándolos por el Registro del Ayuntamiento.

Las bases reguladoras del Banco de Tierras se presentaron este viernes a través de la web municipal y comunicada su puesta en marcha a los grupos políticos en una Comisión Informativa celebrada un día antes.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE), ha impulsado desde hace cuatro años el programa “Un Pueblo, un producto”, movimiento que consiste en identificar y promover productos ligados a la comunidad, para que, a través de éstos, sea posible lograr un orgullo y desarrollo local.
“De lo que se trata justamente es poder identificar cuáles son  los recursos con los que cuenta cada territorio o localidad, que de alguna manera lleva implícito una identidad y un orgullo del que siente la misma comunidad o los ciudadanos que al final es lo que les lleva el sustento y desarrollo económico de su municipio”, explicó el jefe regional de CONAMYPE  Santa Ana, durante la entrevista Agenda Ciudadana que transmite de lunes a viernes a las 8:00 de la noche Televisión de El Salvador (TVES).
“Un pueblo, un producto”, es un movimiento internacional que nació a mediados de los años 70 en Oita, una prefectura localizada al suroeste de Japón, el cual ha dado como resultado una nueva forma de trabajar las economías rurales desde un principio de desarrollo endógeno de los pueblos.
“El movimiento tiene tres pilares en donde se sustenta todo: el primero es pensar globalmente y actuar localmente; el segundo es el desarrollo de las capacidades comunitarias, desarrollar las capacidades productivas, desarrollar los conocimientos alrededor de las materias primas para lograr mejores resultados con el producto; el tercer y último es el de la creatividad, hay que soñar y ser loco a la hora de imaginarnos qué es lo que podemos hacer en nuestra comunidad”, aseguró el jefe de desarrollo artesanal de CONAMYPE.
Según los representantes de CONAMYPE para poder formar parte de este movimiento  se comienza con un ejercicio con la comunidad, identificando qué es lo que los representa, que puede ser muchas veces algo tangible o intangible, como el turismo o algún otro atractivo que identifique a la comunidad.
“Increíblemente, muchas veces las comunidades y personas no valoran algún atractivo o producto que los identifique, porque pasa muchas veces que el diamante ahí está, pero como se ve todos los días no se dan cuenta de que poseen ese tesoro. Justamente nosotros (CONAMYPE) alrededor de esos atractivos, o estos productos, comenzamos a hacer mesas de trabajo con la comunidad y empresarios para poder identificar ese diamante que los representa, y, sobre todo, a que ese recurso se lleve al desarrollo”.
Actualmente, el gobierno impulsa tres iniciativas: en San Lorenzo, con el jocote barón rojo y el loroco; en Santa María Ostuma, con la piña y sus derivados; y en El Congo, creando comités turísticos para hacer una ruta turística.

Las noches de Vitoria se vivirán a partir de finales de año como el bolero, a media luz. El Ayuntamiento va a poner en marcha un «plan estratégico» para lograr una mayor eficiencia energética y meter un buen tijeretazo a la factura eléctrica de la ciudad.

La iniciativa consiste en instalar reguladores de flujo en los cuadros de alumbrado público, que a su vez soportan varias farolas. En concreto, se incorporarán 352 equipos a lo largo de cuatro meses que, según asegura el Gabinete del alcalde, permitirán ahorrar 5,5 millones de euros en los próximos seis años.

«Vamos a dotarnos de un sistema de iluminación pública de carácter estratégico y pionero, que será toda una referencia para otros municipios. Tendremos un servicio más responsable y de calidad, que redundará directamente en la factura con un desembolso anual de 924.000 euros menos que ahora», explica la concejala de Espacio Público.

El Ayuntamiento tiene previsto adjudicar los trabajos de forma inminente. «La puesta en marcha de este plan va a permitirnos reducir el consumo de energía y, por tanto, rebajar también la contaminación lumínica», agrega la edil.

La intensidad del alumbrado en el horario nocturno será un 30% inferior a la actual, «de modo que se seguirá garantizando la seguridad de los ciudadanos». El bolero ‘sonará’ a partir de las once de la noche, hasta la cinco de la madrugada. «Cuando se instalen los nuevos equipos, podremos regular la intensidad del alumbrado. A día de hoy sólo tenemos la opción de ‘on’ y ‘off’».

Con este proyecto, el Consistorio controlará más del 86% del alumbrado del municipio, ya que los 352 reguladores se sumarán a los 80 que ya se han colocado en otros tantos cuadros de la ciudad. Cuando se finalice la nueva fase, Vitoria contará con un total de 432 estabilizadores del flujo de luz repartidos por todos los distritos, a excepción del Casco Viejo. El Ayuntamiento ha diseñado un plan específico de renovación de las luminarias para este barrio, cuyas obras arrancarán en Navidad.

Según detalla la concejala de Espacio Público, el proyecto para atenuar la luz es una «inversión contra gasto corriente, ya que se abonará parte del ahorro conseguido mensualmente – una renta- a la empresa que efectuará la obra, durante los seis años que dura el contrato».